¿La agricultura española está en crisis? Propuestas y soluciones para el planeta

Un agricultor recorre su campo al atardecer, representando el trabajo rural, la conexión con la tierra y la importancia de la producción sostenible.
La agricultura enfrenta una crisis profunda que amenaza tanto a quienes la practican como al medio ambiente. La concentración de tierras, la falta de acceso para los pequeños productores y la dependencia de modelos intensivos son solo algunos de los problemas a los que se enfrenta el sector agrícola en España.
El acceso a la tierra en España es uno de los mayores obstáculos que enfrentan los agricultores de pequeña escala. En un contexto donde las grandes empresas agroindustriales continúan expandiendo sus territorios, las pequeñas explotaciones familiares se ven desplazadas. La concentración de tierras afecta gravemente la biodiversidad y el paisaje, y deja a muchas nuevas generaciones sin posibilidad de dedicarse a la agricultura.
En respuesta a este problema, Greenpeace propone la creación de un banco público de tierras, una herramienta que permitiría que las tierras agrícolas estuvieran disponibles para quienes realmente las necesitan: los agricultores pequeños y familiares. Este banco no solo evitaría la especulación, sino que limitaría la cantidad de tierras que podrían ser adquiridas por grandes empresas, lo que preservaría la equidad en el acceso a los recursos.
Un modelo de gestión pública de tierras favorecería que los terrenos fueran destinados a quienes tengan proyectos agrícolas sostenibles, ayudando a mitigar el impacto negativo de la concentración de tierras en manos de grandes corporaciones. Además, este modelo garantizaría un uso responsable de los recursos naturales, al mismo tiempo que apoyaría el desarrollo de zonas rurales que dependen de la agricultura familiar.
El papel del extensionista agroecológico en la transición agrícola
La transición hacia una agricultura más sostenible y respetuosa con el medio ambiente no se logrará solo con cambios en las políticas públicas. Es necesario que los agricultores reciban formación técnica y apoyo constante. La figura del extensionista agroecológico es clave para lograr esta transición. Estos profesionales ofrecen la asesoría necesaria para que los agricultores puedan adoptar prácticas más ecológicas, promoviendo la biodiversidad y la salud del suelo.
En España, muchas pequeñas explotaciones no cuentan con el conocimiento técnico necesario para modificar su modelo productivo y pasarse a la agroecología. La agroecología ofrece soluciones prácticas para enfrentar la crisis climática y proteger la biodiversidad, pero requiere formación específica y apoyo constante. La figura del extensionista agroecológico debe ser una prioridad en las políticas agrícolas, ya que facilita la adopción de métodos que no solo benefician al medio ambiente, sino también a las comunidades locales.
Además, estos técnicos agroecológicos pueden jugar un papel vital en conectar a los agricultores con los mercados locales, promoviendo la venta directa y el consumo responsable. Al apoyar la venta directa, se eliminan los intermediarios, lo que beneficia tanto a los productores como a los consumidores. Esta estrategia, combinada con la creación de redes de cooperativas, puede consolidar un mercado agrícola más justo y accesible.
Reformas en la PAC: el camino hacia una agricultura más justa y sostenible
La Política Agrícola Común (PAC), aunque diseñada para apoyar a los agricultores, ha favorecido históricamente a las grandes corporaciones y terratenientes. En lugar de premiar la calidad o las prácticas sostenibles, la PAC ha incentivado la intensificación y la expansión de grandes explotaciones. Esto ha provocado la marginación de los pequeños productores y un modelo agrícola cada vez más destructivo para el medio ambiente.
Es fundamental que la PAC sea reformada para adaptarse a las necesidades de los agricultores familiares y sostenibles. Greenpeace aboga por eliminar los pagos por hectárea, de modo que los agricultores no reciban más ayudas solo por tener más tierras. En su lugar, las ayudas deberían priorizar a los agricultores que implementen prácticas respetuosas con la naturaleza y que garanticen la conservación del entorno rural.
Además, es urgente la creación de un Fondo de Transición Justa que financie el paso hacia una agricultura sostenible, apoyando a los agricultores que ya luchan por adaptarse a un modelo que proteja tanto a las personas como al planeta. Sin un respaldo económico suficiente, las transformaciones necesarias no serán viables.