La Fiscalía Federal N.º 7: Estructura, competencia y articulación institucional a cargo del fiscal Ramiro González

La Fiscalía Federal N.º 7 es una de las unidades funcionales que integran el Ministerio Público Fiscal de la Nación y que actúa en el fuero penal federal con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Su competencia material se encuentra definida por la Constitución Nacional y la legislación penal específica, abarcando delitos de naturaleza federal -distintos a los delitos ordinarios- que, por sus características, superan el interés local y afectan bienes jurídicos colectivos, intereses institucionales o poseen un alcance transnacional. 

Desde mayo del año 2012, el fiscal federal Ramiro González está a cargo de la titularidad de esta fiscalía. Su nombramiento se produjo luego de haberse desempeñado previamente como fiscal federal en la jurisdicción de Dolores. 

Su trayectoria en el Poder Judicial se extiende por varias décadas, a través de las cuales fue acumulando experiencia en diversas áreas del derecho penal y electoral. Asimismo, encabezó unidades especializadas como la UFIMA (Unidad Fiscal de Investigaciones en Materia Ambiental), de la cual actualmente también es titular.

La tarea principal de la Fiscalía se desarrolla durante la etapa de investigación de los delitos que caen bajo su competencia, antes de que las causas sean elevadas a los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de la Capital Federal para su juzgamiento.

Así, su labor se focaliza en la preparación, el impulso y el desarrollo de las investigaciones penales durante la etapa de instrucción, previo a su paso a la fase de juicio oral. 

Dentro del amplio espectro de delitos de su competencia se encuentran aquellos relacionados con el narcotráfico (Ley 23.737 de Estupefacientes), el lavado de activos (Ley 25.246 de Encubrimiento y Lavado de Activos de origen delictivo, modificada por Ley 27.739), los crímenes de lesa humanidad (regulados principalmente en tratados y convenciones internacionales, como asimismo en la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad, ratificada por Ley 24.584), la trata de personas y el contrabando (Ley 26.364 de Prevención y Sanción de la Trata de  Personas y Asistencia a sus Víctimas), y otros previstos en el Código Penal, como delitos económicos y financieros y casos de corrupción administrativa, entre otros. 

El abordaje de estos hechos requiere un alto grado de especialización técnica, coordinación con organismos externos y un cumplimiento estricto de las garantías procesales. 

Además de recibir denuncias, la fiscalía cumple funciones esenciales durante la etapa de investigación, durante la cual promueve y dirige la acción penal pública, lo que implica la investigación de los delitos para determinar si existen elementos suficientes para llevar a un imputado a juicio.

Así, en su rol central, la fiscalía reúne pruebas para determinar la existencia de un delito, pide allanamientos, secuestro de cosas, detenciones, toma testimonios, solicita pericias y dirige a las fuerzas de seguridad en esas tareas. También tiene a su cargo la protección de víctimas y testigos.

Luego de la investigación, evalúa el mérito de las pruebas obtenidas, decidiendo si existen elementos suficientes para acusar formalmente a una persona acerca de la comisión del delito que se investiga, o si por el contrario la denuncia debe ser desestimada, y el imputado sobreseído.

Si bien tiene a su cargo la investigación de delitos en representación del interés público, también es responsable de velar por la legalidad del proceso, es decir, por el cumplimiento de la ley y de las garantías constitucionales durante su intervención en la tramitación de la causa, debiendo actuar con objetividad.

También, en ciertos supuestos, podría proponer al juez de la causa soluciones alternativas, como la suspensión del juicio a prueba -conocida también como “probation”- buscando agilizar de esta forma la impartición de justicia.

La Fiscalía N.º 7 cuenta con un equipo integrado por funcionarios judiciales, profesionales jurídicos y personal administrativo. Dicha estructura está diseñada para asegurar la tramitación adecuada de múltiples causas en simultáneo, respetando los tiempos procesales y las particularidades de cada expediente. 

En su rol de fiscal a cargo, Ramiro González tiene bajo su responsabilidad la definición de las estrategias procesales, la supervisión del cumplimiento normativo y la representación del Ministerio Público.

La fiscalía trabaja de manera regular y coordinada con organismos estatales como la Policía Federal Argentina, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval, AFIP-DGI, la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), entre otros. 

Esta articulación interinstitucional permite requerir, siempre bajo estricto control judicial, la realización de informes técnicos, pericias contables o tecnológicas y otras medidas de investigación que son aplicadas con resguardo de los derechos y conforme a las reglas del debido proceso.